El Comité Paralímpico Uruguayo está intervenido por el Ministerio de Educación y Cultura desde 2015. El fallo, dictado el 10 de diciembre de aquel año, determinó la intervención a raíz de la denuncia de irregularidades y mal manejo de fondos de su presidenta Graciela Nario, quien fue removida y sobre quien también pesó una denuncia penal. 

Para ese entonces, la Asamblea General Ordinaria no estaba reuniéndose, su Comisión Directiva desintegrada y la Comisión Fiscal sin constituir ni en cumplimiento de sus funciones. La interventora designada fue la Doctora Margot Abril. Dicha intervención debía ser por el término de seis meses, prorrogables por igual plazo. Sin embargo, ya pasó el doble de ese tiempo y el CPU sigue sin autoridades ni la intervención ha finalizado. 

Los cometidos de la intervención, según el fallo, debían ser los de: a) depurar el padrón social; b) promover una reforma de sus estatutos para actualizar los mismos a la realidad de la institución; c) depurar el padrón electoral y llamar a elección de autoridades y dar posesión a las autoridades electas.

La falta de resolución del problema ya está trayendo consecuencias sobre los atletas, cuya participación en eventos homologados por el Comité Paralímpico Internacional, se ve trunca por estar el CPU suspendido en ese órgano como consecuencia de la intervención estatal. 

En el siguiente informe, emitido en PDA Radio, repasamos el tema, sus consecuencias directas y la posible solución próxima a ser alcanzada.